Una comisión del Congreso aprobó una reforma constitucional que busca endurecer las penas para adolescentes que cometan delitos graves. La iniciativa genera un fuerte debate entre sectores conservadores y el gobierno de Lula da Silva.
El Congreso de Brasil dio un nuevo paso en el debate sobre la seguridad pública al aprobar en comisión una propuesta de reforma constitucional que reduce la edad de responsabilidad penal de 18 a 16 años para determinados delitos.
La iniciativa obtuvo 44 votos a favor y 18 en contra, aunque todavía deberá atravesar nuevas instancias legislativas antes de convertirse en ley.
El proyecto vuelve a instalar uno de los temas más sensibles de la agenda política brasileña a pocos meses de las elecciones de octubre, en un contexto marcado por la preocupación ciudadana por la inseguridad.
Según encuestas recientes, la propuesta cuenta con un amplio respaldo social, impulsada principalmente por sectores conservadores que reclaman penas más severas para adolescentes involucrados en delitos violentos.
Un debate que divide a la política brasileña
Entre los principales impulsores de la medida se encuentra el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, quien sostiene que la legislación actual favorece situaciones de impunidad.
“Se acabó la tolerancia con el bandido que usa la edad cronológica para cometer crímenes bárbaros”, expresó recientemente el legislador en sus redes sociales.
Actualmente, los jóvenes de entre 16 y 18 años que cometen delitos graves, como homicidios o violaciones, pueden ser internados hasta tres años bajo un régimen especial para menores.
Los defensores de la reforma argumentan que la participación de adolescentes en hechos delictivos exige respuestas más duras por parte del Estado y sostienen que la reducción de la edad de imputabilidad contribuirá a desalentar la criminalidad.
Rechazo del gobierno y organismos de derechos humanos
La iniciativa enfrenta una fuerte oposición por parte del gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y de organizaciones vinculadas a los derechos humanos.
El Ministerio de Derechos Humanos calificó el proyecto como una medida ineficaz para combatir la violencia y advirtió que contradice estándares internacionales de protección de niños y adolescentes.
En la misma línea, legisladores oficialistas sostienen que la propuesta no aborda las causas estructurales de la delincuencia juvenil y podría agravar los problemas del sistema penitenciario.
La diputada Talíria Petrone, una de las voces críticas del proyecto, aseguró que la reforma ofrece una “solución falsa” frente al problema de la inseguridad.
Además, citó datos según los cuales la reincidencia en el sistema penitenciario brasileño ronda el 50%, mientras que en los programas socioeducativos para menores no supera el 14%.
Cuestionamientos constitucionales
El debate también alcanzó el ámbito jurídico. Algunos especialistas sostienen que la reducción de la edad de responsabilidad penal podría entrar en conflicto con disposiciones constitucionales consideradas inmodificables.
El penalista Acácio Miranda señaló que la reforma podría ser cuestionada judicialmente por afectar principios protegidos por las denominadas cláusulas pétreas de la Constitución brasileña.
Mientras el proyecto continúa su recorrido parlamentario, la discusión promete convertirse en uno de los ejes centrales de la campaña electoral y del debate sobre seguridad pública en Brasil.
