El ajuste presupuestario de entre US$ 80 millones y US$ 100 millones genera preocupación en el sector educativo. Directores reclaman criterios técnicos y coordinación entre el MDS y el MEC para evitar consecuencias sobre los estudiantes.

El anuncio de un recorte de entre US$ 80 millones y US$ 100 millones en el programa Hambre Cero generó preocupación entre referentes educativos, especialmente por la decisión de suspender el servicio de alimentación escolar durante algunos días antes de finalizar el calendario académico.

El esquema anunciado por el presidente Pedro Alliana busca reducir gastos mediante ajustes en los periodos de prestación del servicio, principalmente en jornadas cercanas al inicio y al cierre del año lectivo, cuando el Gobierno considera que disminuye la asistencia escolar.

En ese contexto, la Circular CONAE N.º 009/2026 del Consejo Nacional de Alimentación Escolar recomendó a gobernadores y responsables de contratos suspender los servicios de alimentación entre el 23 y el 27 de noviembre. Las clases, sin embargo, están previstas oficialmente hasta el 30 de noviembre.

Directores piden que el ajuste tenga criterios técnicos

El presidente del Sindicato Nacional de Directores (Sinadi), Miguel Marecos, respaldó la revisión del presupuesto, pero cuestionó que una reducción de raciones pueda aplicarse sin un análisis previo de calidad, cantidad y costos.

“Aplaudimos el recorte de US$ 80 o US$ 100 millones porque este era un despilfarro de una comilona más grande que una teletón. Pero cortar las raciones al vuelo es una cosa básica; ahí no estás analizando calidad, cantidad ni costo”, afirmó.

Desde el sector educativo reclaman que cualquier modificación sea coordinada entre el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) y el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), teniendo en cuenta la asistencia efectiva de los alumnos y la organización de cada institución.

Nery Arca, director y representante de la Otep-Auténtica en Itá, señaló que en su institución los alumnos continúan asistiendo y rindiendo exámenes hasta el final del mes. Según indicó, la suspensión de la alimentación obligaría a modificar el horario habitual de actividades.

Gobierno revisará días, costos y cantidad de beneficiarios

Entre los aspectos que el Ejecutivo prevé revisar figuran la cantidad de días de clase efectivamente cubiertos por el programa y las diferencias entre el costo de los platos según la modalidad utilizada, ya sea preparación dentro de las escuelas o servicio de catering.

También se analiza la posibilidad de aplicar modificaciones durante febrero y marzo, aunque el material suministrado no detalla todavía cómo se instrumentarían esos cambios.

Paralelamente, desde la Cámara de Diputados se impulsaron pedidos de informes sobre el funcionamiento de Hambre Cero.

Entre los datos solicitados se encuentran la cantidad exacta de niños beneficiados y el número de productores y comités que proveen insumos para la preparación de los alimentos.

El debate se concentra así en cómo reducir el gasto del programa sin interrumpir de forma abrupta un servicio que sigue funcionando durante los últimos días del calendario escolar.


Con información de ABC.