Un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos reconoce avances en la persecución del delito y la identificación de víctimas, pero mantiene a Paraguay en el nivel 2 y señala deficiencias en asistencia, financiamiento, prevención y detección.

“El Gobierno de Paraguay no cumple plenamente con los estándares mínimos para la eliminación de la trata de personas”, señala el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre las acciones desarrolladas en el país para combatir este delito. Pese a reconocer un aumento general de los esfuerzos, Paraguay se mantiene en el nivel 2.

Entre los avances, el documento menciona el enjuiciamiento y la condena de traficantes, una mayor identificación de víctimas, el incremento de la coordinación interinstitucional para su atención, la actualización de procedimientos y la firma de un acuerdo destinado a fortalecer la prevención de la explotación y el abuso sexual comercial infantil extraterritorial.

La legislación paraguaya establece penas de hasta ocho años de prisión para los delitos de trata sexual y laboral, mientras que los casos que involucran a menores de edad contemplan sanciones de entre dos y 20 años.

Las principales falencias señaladas

El reporte advierte que todavía existen áreas en las que las respuestas estatales resultan insuficientes. Entre ellas menciona la falta de opciones de refugio para víctimas masculinas adultas, recursos limitados y la ausencia de un mecanismo de financiamiento para el programa contra la trata, pese a estar previsto por ley.

También señala una reducción de las investigaciones y una aplicación inconsistente de los mecanismos para detectar indicadores de trata entre poblaciones vulnerables. A esto se suma la falta de acciones suficientes frente a prácticas abusivas y condiciones laborales asociadas al criadazgo que pueden derivar en situaciones de trata.

En 2025, la Cámara de Senadores rechazó un proyecto que buscaba eliminar el criadazgo y contemplaba penas de hasta 20 años de cárcel. Durante el tratamiento de la iniciativa, los senadores Gustavo Leite y Dionisio Amarilla justificaron esta práctica en términos de cultura o “paraguayidad”, según la información publicada.

El número exacto de niños paraguayos que se encuentran actualmente en situaciones de criadazgo no está determinado.

Investigaciones, procesamientos y condenas

Durante 2025 se investigaron 69 casos de trata de personas: 24 correspondieron a trata sexual, 32 a trabajo forzoso y 13 a modalidades no especificadas. En ese periodo fueron procesados 50 sospechosos y condenados 16 traficantes.

En 2024, en comparación, se habían registrado 139 investigaciones, 12 procesamientos y cuatro condenas.

En materia de protección, el informe señala una leve mejora y menciona la participación de 16 instituciones gubernamentales en la coordinación de las acciones. Sin embargo, sostiene que el Gobierno no contaba con un protocolo universal para la identificación proactiva de víctimas, aunque algunas instituciones disponían de procedimientos internos.

Las víctimas debían además ser certificadas formalmente para acceder a servicios de salud, asistencia jurídica y apoyo para la repatriación. En el caso de los hombres adultos, la falta de un albergue específico llevaba a que la mayoría regresara a sus hogares, con dificultades para acceder posteriormente a otros servicios y con riesgo de revictimización.

Cuestionamientos a la coordinación y prevención

Aunque la vigencia del Plan Nacional de Acción 2020-2024 fue extendida hasta 2026, el documento advierte que “las dificultades en la coordinación interinstitucional y la falta de personal en agencias clave obstaculizaron los esfuerzos contra la trata”.

El informe también sostiene que “el gobierno no tomó medidas para prevenir el uso de trabajo forzoso o trabajo infantil en violación de las normas internacionales” y señala que no se informó sobre medidas de responsabilidad civil o penal contra reclutadores laborales fraudulentos.

Con información de Última Hora.