La Vía Navegable Troncal comenzó a ser operada por Vía Navegable Argentina, el consorcio integrado por Jan De Nul y Servimagnus que obtuvo la concesión por los próximos 25 años. La nueva gestión arrancó con una reducción del 13,5% en la tarifa de peaje y contempla trabajos de dragado, señalización, ampliación y modernización tecnológica.

El corredor, clave para el comercio exterior argentino, concentra cerca de 60 terminales portuarias y canaliza alrededor del 80% de las exportaciones nacionales que salen hacia los mercados internacionales.

La Hidrovía Paraná-Paraguay ingresó en una nueva etapa con el inicio formal de operaciones de Vía Navegable Argentina, el consorcio integrado por la empresa belga Jan De Nul y la firma argentina Servimagnus.

La compañía quedó a cargo de la Vía Navegable Troncal por los próximos 25 años, tras imponerse en el proceso licitatorio concluido en julio.

Uno de los primeros cambios anunciados por la nueva concesionaria fue la reducción de la tarifa de peaje, que pasó de US$4,30 a US$3,80. La baja representa un recorte del 13,5%.

Según estimaciones difundidas por la empresa, esa modificación podría generar un ahorro anual de entre US$375 millones y US$456 millones para el sector agroexportador.

La relevancia del corredor radica en su peso dentro de la logística nacional. La Vía Navegable Troncal articula cerca de 60 terminales portuarias y concentra aproximadamente el 80% de las exportaciones argentinas que se dirigen al exterior.

La nueva concesión incluye tareas de dragado y redragado, además de trabajos de señalización y ampliación del canal navegable. También está prevista la incorporación de tecnología destinada al seguimiento del tránsito y a la operación de mayores volúmenes de carga.

Desde el Ministerio de Economía señalaron que una mayor profundidad y mejores condiciones de navegación podrían permitir que los buques salgan con más carga desde los puertos y reduzcan los tiempos operativos.

El impacto final sobre los costos logísticos dependerá de la ejecución efectiva de las obras y del comportamiento del tráfico dentro del corredor.

Con el inicio de la concesión privada quedó atrás la administración estatal directa de la principal vía fluvial del comercio exterior argentino, aunque el Estado nacional mantendrá funciones de regulación y control.

El Gobierno prevé avanzar con la conformación definitiva de un Consejo de Control que tendrá a su cargo la supervisión de las distintas etapas de la concesión.

Ese organismo estará integrado por representantes estatales, usuarios privados y provincias ribereñas.

Durante el proceso licitatorio participaron sectores vinculados con la producción, la industria, la navegación, los puertos, universidades y administraciones provinciales. El Ministerio de Economía también informó que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo acompañó técnicamente el procedimiento.

La adjudicación estuvo precedida por cuestionamientos entre oferentes. La empresa DEME había planteado la posibilidad de impulsar una nueva iniciativa privada con condiciones económicas que consideraba más favorables.

Jan De Nul y Servimagnus respondieron a esos planteos mediante comunicaciones dirigidas a entidades relacionadas con el comercio exterior y cuestionaron los cálculos de impuestos, inversiones y proyecciones de ingresos presentados por su competidora.

Uno de los puntos de discusión fue el nivel de inversión previsto. Según el consorcio adjudicatario, su propuesta contempla alrededor de US$850 millones durante el período analizado.

Superada esa etapa, Vía Navegable Argentina quedó oficialmente al frente de la operación del corredor.

La nueva fase combina una rebaja inicial del peaje con el compromiso de ejecutar obras y modernizar la infraestructura, mientras el Estado deberá fiscalizar el cumplimiento de las condiciones establecidas en la licitación.

Con información de El Once.