El procedimiento fue realizado por el Departamento de Lucha contra la Trata de Personas de la Policía Nacional sobre la avenida Aviadores del Chaco. Según la investigación, la firma ofrecía puestos laborales a ciudadanos brasileños y posteriormente utilizaba su situación migratoria irregular para justificar la falta de pago o el pago parcial de sus haberes.

Una investigación del Departamento de Lucha contra la Trata de Personas de la Policía Nacional puso bajo la lupa el funcionamiento de una firma dedicada al rubro de call center en Paraguay, señalada por un presunto esquema de captación y posterior retención de salarios que habría afectado principalmente a jóvenes ciudadanos brasileños.

El procedimiento se realizó sobre la avenida Aviadores del Chaco. De acuerdo con las denuncias analizadas y lo expuesto por el comisario principal Humberto Aquino, la estructura habría utilizado un mecanismo dividido en distintas etapas para captar a las presuntas víctimas.

Según la investigación, a través de plataformas digitales orientadas al mercado internacional, entre ellas Excite y Smart Call, se promocionaban ofertas de trabajo para captación de inversores y atención telefónica. Las búsquedas estaban dirigidas a personas de entre 20 y 50 años residentes en Brasil.

Los postulantes eran trasladados posteriormente a Paraguay bajo la promesa de una rápida inserción laboral. Durante las primeras semanas permanecían bajo una figura informal denominada “pasantía” o prueba técnica, mientras no se formalizaban sus trámites de residencia ni los permisos necesarios para trabajar ante las autoridades migratorias.

El problema aparecía, según la investigación, cuando llegaba el momento de cobrar la remuneración acordada. Los administradores alegaban supuestos “inconvenientes administrativos” relacionados con la falta de documentación regular de los trabajadores.

De esta manera, siempre de acuerdo con lo expuesto en la investigación, la propia situación migratoria irregular de los trabajadores era utilizada como argumento para justificar el pago parcial o directamente la falta de pago de los salarios.

Las autoridades sostienen que el temor a una eventual deportación o a recibir sanciones por trabajar sin la documentación requerida colocaba a las presuntas víctimas en una situación de vulnerabilidad y dificultaba que denunciaran lo ocurrido.

El caso quedó bajo investigación para determinar las responsabilidades correspondientes y establecer el alcance del presunto esquema detectado.