La continuidad del consorcio integrado por Jan De Nul y Servimagnus en el tramo Santa Fe-Confluencia reactivó la preocupación de armadores, exportadores e industriales de Paraguay.

El sector privado advierte que la tarifa podría subir de los actuales USD 1,30 por tonelada de registro neto y encarecer una ruta utilizada por cerca del 80% del comercio exterior paraguayo.

Empresarios paraguayos expresaron su preocupación por el impacto que podría tener la nueva concesión del tramo Santa Fe-Confluencia de la Hidrovía Paraná-Paraguay sobre el costo del peaje. La continuidad del consorcio integrado por la empresa belga Jan De Nul y la argentina Servimagnus reabrió el debate entre armadores, exportadores e industriales que dependen del corredor fluvial para movilizar mercaderías.

Cerca del 80% del comercio exterior de Paraguay utiliza la hidrovía para llegar a los puertos del Río de la Plata y, desde allí, acceder a los mercados internacionales. Por esa vía se transportan soja, harina, aceite, maíz, combustibles, fertilizantes y una parte importante de los insumos destinados a la industria.

La inquietud del sector privado se concentra en la evolución que tendrá la tarifa durante la concesión, prevista por al menos 25 años. Los empresarios sostienen que todavía desconocen los detalles técnicos del nuevo contrato y los criterios que se aplicarán para definir el valor del peaje en los próximos años.

El Gobierno paraguayo dejó la negociación en manos del sector privado

El Gobierno de Santiago Peña decidió mantener un perfil bajo en la discusión. Según la Administración Nacional de Navegación y Puertos, la definición del peaje debe resolverse mediante una negociación comercial entre las autoridades argentinas y los usuarios de la vía navegable, y no como un conflicto diplomático entre ambos países.

Esa posición coincide con la postura atribuida al Gobierno de Javier Milei, que considera que el tramo concesionado se encuentra íntegramente dentro de la jurisdicción argentina. Bajo ese criterio, las conversaciones por las tarifas deberían realizarse directamente con las empresas y entidades que utilizan el corredor.

Las negociaciones quedarían así en manos de organizaciones como la Cámara Paraguaya de Procesadoras de Oleaginosas y Cereales y el Centro de Armadores Fluviales y Marítimos. Desde la administración portuaria paraguaya señalaron que el Estado no asumirá una discusión que, a su entender, corresponde a los usuarios privados.

Las versiones sobre un incremento escalonado

Actualmente, el peaje se encuentra fijado en USD 1,30 por tonelada de registro neto. Los armadores paraguayos aseguran que aceptaron ese monto de manera transitoria, mientras se desarrollaba una nueva licitación que permitiera revisar el esquema tarifario y mejorar las condiciones de navegación.

Sin embargo, sostienen que durante ese proceso no recibieron información suficiente sobre las inversiones realizadas ni sobre la relación entre los fondos recaudados y las mejoras ejecutadas en la hidrovía. Esa falta de precisiones incrementó la preocupación ante las versiones sobre una posible suba escalonada.

De acuerdo con la información que circula entre las cámaras empresariales, la tarifa podría pasar inicialmente de USD 1,30 a USD 3,80 por tonelada de registro neto y luego alcanzar un máximo cercano a los USD 5,78. Esas cifras no fueron presentadas en el material como una decisión oficial confirmada.

Reclamos por transparencia y participación

La preocupación empresarial no se limita al monto del peaje. Las entidades también reclaman conocer los criterios técnicos y económicos que se utilizarán para fijar las futuras tarifas, además del detalle de las obras de dragado y mantenimiento que justificarían los nuevos costos.

El Centro de Armadores Fluviales y Marítimos y la Cámara Paraguaya de Procesadoras de Oleaginosas y Cereales pidieron mayor transparencia, acceso a la información y participación de los usuarios antes de que se adopten decisiones con efectos sobre los próximos 25 años.

Una docena de organizaciones empresariales advirtió además que el impacto no debe analizarse únicamente a partir del peaje argentino, sino por la acumulación de costos a lo largo de toda la cadena logística.

Entre las entidades que expresaron su preocupación se encuentran la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Paraguay, la Unión de Gremios de la Producción, la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio, Capeco, Capex y Asamar.

Los sectores productivos advirtieron que cualquier incremento podría trasladarse al precio de las exportaciones e importaciones. Paraguay es uno de los principales exportadores de soja y derivados, pero también depende de la vía fluvial para recibir combustibles, fertilizantes y materias primas utilizadas por la industria.

Los empresarios también cuestionaron que el peaje continúe calculándose sobre la tonelada de registro neto. Según plantearon, ese sistema perjudica a los convoyes de barcazas utilizados por el transporte paraguayo y no refleja de manera adecuada los servicios efectivamente prestados.

Con información de NEA Hoy.